Runrun - Periodismo de investigación

INICIO

DDHH Olvidados | La familia de Henry Alviarez pensó que todo estaba bien

El 10 de marzo de 2024 aumentó la lista de miembros del equipo de María Corina Machado detenidos por las autoridades venezolanas. Ese día le tocó a Henry Alviarez, coordinador de Organización del comando Con Venezuela. En la misma fecha también detuvieron a Dignora Hernández, secretaria nacional de Vente Venezuela.

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, denunció que a más de un mes de su detención, nadie ha podido ver a Alviarez, ni familiares ni abogados. Por ese motivo, hizo un llamado a organismos internacionales, incluido al fiscal de la Corte Penal internacional (CPI), Karim Khan, quien casualmente estuvo de visita en el país hace unos días.

“Queremos saber cuál es su situación de salud, cuál es su situación legal”, señaló Moreno en declaraciones ofrecidas a Runrun.es.

Henry Alviarez tiene 57 años y es abogado egresado de la Universidad de Los Andes (ULA) en 1991. Además, fue presidente del Colegio de Abogados del estado Lara entre 1998 y 2008, formó parte de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y fue director de la primera Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro.

En el año 1999 incursionó en la vida política partidista en el movimiento Primero Justicia en el estado Lara, partido en el que militó hasta 2010. Más tarde, en 2016, asumió el cargo de Coordinador de Organización Nacional del partido Vente Venezuela y participó en la elección primaria de 2023 como coordinador de Organización del comando de María Corina Machado.

Situación familiar complicada

Héctor Contreras comenta que la situación de su familia, a raíz de las actividades de Henry Alviarez en el partido Vente Venezuela, siempre han creado incertidumbre y temor. Los hijos de Alviarez, así como su esposa, están fuera del país. Actualmente solo están en Venezuela Héctor y su mamá, que tiene 84 años, quienes viven en Barquisimeto, estado Lara.

“Mi madre iba a ser objeto de una intervención quirúrgica para descalcificar unas válvulas del corazón. Usa por segunda vez un marcapasos y ha sufrido de mareos como si de repente le cortaran la corriente y como que pierde el sentido”, contó Héctor Contreras en entrevista con Runrun.es.

Henry Alviarez, por su parte, vivía en un apartamento en Caracas que compartía con su hermano, quien tuvo que mudarse a un hotel por varios días cuando fue allanado sin una orden.

Contreras contó que cuando su hermano fue detenido lo despojaron de todas sus pertenencias, incluyendo un vehículo, su teléfono y las llaves de su apartamento. Durante el allanamiento a la vivienda de Henry, los funcionarios supuestamente se llevaron una caja, pero según Héctor Contreras “lo que hicieron fue robarle un perfume, unos zapatos, y listo, porque me dicen que ahí no había ningún tipo de ni de materiales partidista”.

Héctor se enteró de la detención de su hermano a través de un primo que lo supo por las redes sociales. Sabe que ocurrió el mismo día que la detención de Dignora Hernández, aunque él no la conoce. Dice ser reservado en cuanto a la actividad política de su hermano.

Fue después de ocho o nueve días que Henry pudo comunicarse con su esposa. Héctor todavía no ha podido verlo, aunque sabe que está en la sede del Sebin en El Helicoide. Sus abogados no han tenido acceso a él tampoco.

Le dan insumos a través de los familiares de otros detenidos

Tres semanas antes de su detención, Henry Alviarez fue operado de la vesícula por laparoscopia. Aunque la cirugía salió bien, su hermano comenta que Henry es hipertenso y necesita mantener un control con medicamentos.

Precisamente, la dotación de medicinas y ropa se ha podido hacer a través de los familiares de otros presos que están en El Helicoide, porque nadie ha podido ver a Henry Alviarez.

“Hemos entregado ropa y medicamentos a otros presos que solapadamente se la entregan. Así, a través de los familiares de otros presos que están en El Helicoide y que sí pueden y obtienen visitas”, indicó Héctor Contreras.

Tres meses antes hubo una alarma

En diciembre de 2023, ya el fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, había señalado a Alviarez de haber “conspirado” para “sabotear” el referéndum consultivo sobre el Esequibo celebrado el 3 de diciembre, y dijo que se le imputarían los delitos de «traición a la patria», «asociación para delinquir», «conspiración» y «legitimación de capitales».

Alviarez estuvo refugiado en la Embajada de Holanda junto a Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, miembros del equipo de María Corina Machado y a quienes Saab también señaló. Desde ese momento, otorgó un poder a dos abogados para que lo representaran si algo ocurría, pero siguen sin tener contacto con él.

“Hubo una situación particular que terminó el 20 de diciembre, precisamente en la mañana en la que el gobierno de los Estados Unidos estaba entregando a este señor llamado Alex Saab (…) Ese día hubo una especie de intercambio de personas detenidas y por alguna razón, a Henry le bajaron la persecución y como que le cambiaron una especie de calificación de delito, donde le habían puesto un régimen de presentación, pero de un delito de algo por las redes”, señaló Héctor Contreras.

Después de eso, pensaban que todo estaba bien hasta que ocurrió la detención el pasado 10 de marzo. “Yo no tengo conocimiento de por qué se le imputa”, señaló Contreras, quien también es abogado.

“El fiscal general ha señalado unas imputaciones indirectas y sobre unas calificaciones de unos delitos que no me cuadran a mí, dentro de mi humilde conocimiento, que exista un nexo de causalidad para determinar que el hecho esté subsumido en una norma que genere una especie de delito”, agregó.

Héctor Contreras no conoce tampoco el número del expediente que realizó el Ministerio Público, qué tribunal de Control estaría a cargo de la investigación ni qué Fiscalía se encarga de investigar.

Familiares de muertos en protestas denunciaron que gobierno protege a los victimarios

La aplicación de una «justicia genuina» exigieron los miembros de la Alianza de Familiares y Víctimas (Alfavic) de Venezuela para los casos de los ciudadanos que murieron en las protestas antigubernamentales de 2017.

Igualmente denunciaron que el sistema judicial «relega a las víctimas y protege a los victimarios».

«Los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina; sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada», señaló la alianza en un comunicado publicado en la red social X.

Alfavic indicó que se ha enfrentado a un sistema de justicia que «relega a las víctimas y protege a los victimarios, y la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje», una afirmación que el Estado niega, al manifestar que se han investigado varios de esos asesinatos y que los culpables están juzgados y presos.

Protesta criminalizada

Sin embargo, la ONG manifiesta que el mensaje del Estado a la sociedad civil es que «el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura, incluso, la muerte, y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos».

La alianza sostuvo que a pesar de su dolor, obstáculos y adversidades, seguirá luchando en la exigencia de justicia.

«No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos, civiles y democráticos y no regresaron a casa», apuntó.

La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de la comunidad internacional al gobierno de Maduro.

 

CIDH condena inhabilitaciones desproporcionadas de políticos opositores 

Un informe de Amnistía Internacional, uno del Departamento de Estado y otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en entredicho el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela y todos en el marco de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan al país, periplo donde no hubo mayor información a la prensa y solo hubo sesiones de trabajo y reuniones con el oficialismo.

Este jueves la CIDH presentó una investigación donde acusó al Estado venezolano de violar sistemáyicamente los derechos humanos, además de desalentar la participación política en las venideras elecciones del 28 de julio. 

«El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones», reza el informe de la CIDH correspondiente a 2023. 

De acuerdo a la CIDH, el gobierno de Maduro se ha dedicado a poner trabas a los líderes políticos de oposición en su ímpetu por conseguir cargos públicos. 

Puso como ejemplo el caso de María Corina Machado,  a quien la administración madurista inhabilitó por 15 años por medio de una sanción proveniente de la Contraloría de la República. 

Apenas esta semana y después de que los partidos UNT y MPV pudieran adherir a sus tarjetas la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia; Carlos Ocariz, Elias Sayegh, Josy Fernández, Tomás Guanipa y Juan Carlos Caldera fueron inhabilitados también por la Contraloría. 

“Las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos han sido aplicadas de manera desproporcionada contra personas de la oposición», lo que viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos», expuso el comunicado.

La CIDH indicó que en Venezuela no puede hablarse de independencia de poderes: «El deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que, en el país, se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos».

El documento expresa que «ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones que se han cometido».

LA CIDH pidió al gobierno de Maduro «dejar sin efecto las medidas administrativas que restrinjan derechos políticos».

Entre otras peticiones que hizo la CIDH al gobierno de Maduro está «restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin cualquier tipo de represión o discriminación de toda la población y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado».

Que levanten sanciones sectoriales

Con base en los hallazgos hechos por la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, la CIDH solicitó el levantamiento de las sanciones sectoriales aplicadas contra Venezuela. 

El informe expresa que “las sanciones sectoriales no tienen base normativa en el derecho internacional y han agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad”.

Sin embargo, el estudio reconoce que la crisis humanitaria compleja antecedió a la imposición de sanciones económicas.

“La grave situación económica antecedió la imposición de sanciones y tuvo como origen distintos factores. Por tal motivo, la CIDH reitera su llamado a que sean levantadas», agregaron. 

Entre las razones de las crisis venezolana que nada tienen que ver con las sanciones está “la caída de los precios del petróleo, la política de privatización y expropiaciones, la gestión pública deficiente caracterizada por el excesivo gasto público y la corrupción generalizada».

El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada su decisión de echar hacia atrás el alivio de sanciones que había acordado en octubre del año pasado luego de la firma del Acuerdo de Barbados, donde el madurismo se comprometió a respetar las normas para una ruta electoral limpia y transparente. 

La CIDH indicó que las sanciones no impiden a un gobierno respetar la Constitución. 

«La imposición de sanciones no es óbice para que el Estado venezolano desatienda sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», enfatizaron. 

 

 

Informe de la OIM revela la doble discriminación que enfrentan las migrantes venezolanas en Colombia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que las mujeres migrantes venezolanas que residen en Colombia sufren por la «doble discriminación» en función de su identidad de género y su nacionalidad/estatus migratorio.

En el informe, titulado «Estudio de Impacto Fiscal de la Migración Venezolana en Colombia: Realidad versus Potencial», señalaron que las mujeres migrantes venezolanas representan una creciente proporción del desplazamiento masivo proveniente de Venezuela, con un 51% del total de esta población en Colombia (Migración Colombia, 2022).

Con esto de precedente y teniendo en cuenta los efectos de la violencia basada en género, los patrones de discriminación, la carga de cuidados y la segregación laboral, las mujeres venezolanas en Colombia enfrentan incontables barreras para su integración socioeconómica en ese país.

Exclusión y subordinación basada en género

El informe de la OIM recuerda que, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo de Colombia, para el año móvil de marzo de 2022 a febrero del 2023, la tasa de ocupación para las mujeres migrantes era de 36,1 puntos porcentuales menor a la de los hombres.

Lo anterior implica que una cantidad significativa de mujeres migrantes dependen de los ingresos de un tercero, que usualmente es su pareja permanente. En últimas, esto perpetúa la exclusión y subordinación basada en género y, potencialmente, las expone a la violencia económica o patrimonial; restándoles agencia o autonomía para la toma efectiva de decisiones sobre sus proyectos de vida.

«En mi caso, la fuente de ingreso es lo que pues. El sustento del hogar es mi esposo. Yo apoyo también económicamente con parte del dinero que le manda a mis hijos el papá. Ingresos propios como tal no tengo», contó una venezolana de 41 años.

A esto se suma, según señala la OIM en su estudio, que aquellas mujeres que logran insertarse efectivamente en el mercado laboral
se ven expuestas a maltratos y situaciones de acoso, asociadas con prejuicios por su nacionalidad y su género. Usualmente, estos señalamientos tienen que ver con la sexualización y objetivación.

Segmentación horizontal

A raíz de los prejuicios que recaen sobre ellas, las mujeres migrantes venezolanas se ven especialmente impactadas por la segmentación horizontal. Es decir, suelen ocupar posiciones en servicio doméstico, la educación o la salud; caracterizados por tener menores remuneraciones y pocas garantías.

En ese sentido, la OIM señaló que los principales sectores en los que se desempeñan las mujeres migrantes son: el comercio, hotelería y restaurantes (51,1%), servicios sociales y personales (13%), la industria manufacturera (11,6%), el servicio doméstico (10,8%) y los servicios financieros, actividades inmobiliarias y otras actividades profesionales (8%) (CUSO Internacional, 2021).

Adicionalmente, datos relevados en la encuesta demuestran diferencias de género significativas en cuanto a formalidad en la modalidad de trabajo dependiente. De esta manera, se evidencia que solo el 28,37% la población migrante encuestada ha
manifestado contar con una vinculación laboral formal y, al profundizar en la distribución por género, se revela una diferencia de 13,42 puntos porcentuales, en detrimento de las mujeres.

Pero también, la OIM advirtió que las mujeres migrantes son las que menores ingresos reciben en comparación con los hombres migrantes y las mujeres colombianas, tanto en modalidad de trabajo dependiente como independiente (CUSO Internacional, 2021).

Según señala el informe, estos oficios son usualmente entendidos como extensiones o continuaciones de las tareas que las mujeres desarrollan habitualmente en otros espacios, como el hogar, y, por lo tanto, se relacionan con las tareas de cuidado.

Tareas de cuidado, una barrera significativa

Las tareas de cuidado, tradicionalmente asignadas a las mujeres, han emergido como una de las barreras significativas para su inserción laboral.

De acuerdo con el informe de la OIM, con frecuencia, los horarios de trabajo convencionales no se alinean con las responsabilidades de cuidado, lo que dificulta que las mujeres compartan tiempo de calidad con sus hijos.

«Esta falta de flexibilidad horaria se convierte en un obstáculo, ya que muchas mujeres aspiran a generar ingresos y contribuir económicamente al hogar», advierte el estudio de la organización.

Esta realidad ha impulsado a muchas mujeres a buscar alternativas de autoempleo, donde la flexibilidad se presenta como un incentivo. La posibilidad de gestionar sus propios horarios les permite conciliar las responsabilidades de cuidado con la búsqueda de oportunidades laborales, ofreciendo así una solución potencial para superar las barreras que han limitado la generación de ingresos.

«Estoy trabajando ahora por prestación de servicios. Y estoy a la par fortaleciendo mi emprendimiento de refrigerios, que nace de la necesidad de poder brindarle más atención a mi hogar», señaló una venezolana entrevistada en el estudio. 

En ese sentido, las mujeres migrantes venezolanas enfrentan desafíos específicos para su integración socioeconómica, relacionados con su género y nacionalidad, lo que las convierte «en uno de los grupos más vulnerables y que, por lo tanto, necesita de acciones específicas direccionadas a garantizar su inserción laboral y la protección de sus derechos fundamentales».

La Organización Internacional para las Migraciones consideró que es evidente que las mujeres migrantes tienen una «sobrecarga en las responsabilidades de cuidado y se ven expuestas a discriminación y violencia sistemática con mayor frecuencia, en comparación con otros grupos poblacionales».

«Esto se traduce en que no habitan de la misma forma lugares como el trabajo y el espacio público, con los efectos económicos y emocionales que esto implica», concluyen.

Monitoreo del OGP de Cedice: servicios públicos continúan en franco deterioro

El Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad informó que los servicios públicos como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, continúan en franco proceso de deterioro en todo el país.

El monitoreo se basó en encuestas realizadas a 2300 personas en todo el país y la revisión de de 25 medios digitales para captar denuncias ciudadanas sobre los servicios públicos. 

En los hallazgos del monitoreo, el reporte de marzo de 2024 detectó que en cuanto al suministro de electricidad, 76 % de los encuestados reportó incremento de la cantidad de apagones o fallas en su sector.

Destacaron que en algunos sectores los cortes de electricidad superan las 6 horas. “Creció un 3% en comparación con el mes anterior y las ciudades con más incidencias en materia eléctrica son: Zulia, Bolívar, Yaracuy, Falcón y Mérida.

El Monitor de Servicios Básicos determinó de igual forma que el promedio mensual sin luz en los estados con más problemas en la prestación del servicio es de 12, 8 horas, 4,10% más que en febrero y las fallas reportadas fueron 31.962, 4,91% más.

En cuanto a pagos extra que hacen los entrevistados para suplir fallas en el suministro de luz, el estudio determinó que hubo desembolsos de entre US$ 20 y US$ 30

Servicio de agua sigue inestable

Sobre este servicio, el reporte señaló que el 62% de los encuestados destacó que hay cansancio ante la inestabilidad del suministro de agua en su comunidad. “La sequía no permite la planeación de actividades hogareñas que necesitan agua; además los ciudadanos deben invertir mucho tiempo en procesos de acumulación del líquido en tanques y recipientes”.

Y 52% de los encuestados aseguró que en su localidad no se han ejecutado mejoras en las tuberías o en los mecanismos de distribución ya que debe pasar un lapso ente que el agua sale de la tubería turbia a más clara.

El promedio de pagos adicionales que ejecutan los venezolanos para cubrir las deficiencias en materia de agua ronda entre USD 30 y USD 40. El ciudadano compra agua para consumo y también compra agua a camiones cisterna.

Según el reporte del OGP de Cedice Libertad  existen cinco “puntos de dolor” que más aquejan a los venezolanos en materia de agua y saneamiento, entre ellos: incumplimiento en el cronograma de racionamiento, bajas tarifas para la prestación del servicio, botes de agua por deterioro de tuberías y la inexistencia de un programa de atención de fallas y emergencias.

El internet de Cantv, raspa’o

El informe detectó que 76% de los encuestados aseguró que las fallas o averías se generan en horas de mayor provecho del día, ralentizando y en algunos casos, imposibilitando las gestiones administrativas y operativas en muchas empresas. 

El 87% de los encuestados aseguró haber experimentado alguna avería con su servicio de internet o telefonía fija, “bien sea producto de falla eléctrica o por falta de mantenimiento.

El 55% asegura tiene más de 6 meses sin solución a estas situaciones y la mayoría destacó que aun cuando paga el servicio, no lo recibe”.

Para el 80% de los encuestados, el cambio a alguna solución de internet privada es un hecho. Las taifas oscilan entre los US$ 20 y US$ 60 mensuales. 

Incidentes con bombonas de gas

Varios estudios independientes señalan que aproximadamente el 87% de los venezolanos requieren el servicio de gas por bombona (GLP – Gas Licuado de Petróleo). 

El 10% de los encuestados por los investigadores del OGP aseguró que usa leña o cocinas a carbón para cocinar, producto de que la distribución de gas en su localidad es ineficiente. “Esta métrica sigue en crecimiento, hace unos meses era 7%”.

Una gran cantidad de los encuestados ha solicitado la instalación de gas directo, pero algunos proveedores presentan tarifas que oscilan entre los US$ 100 y US$ 200 por hacer el cambio.

Más del 25% de los encuestados aseguró haber tenido un incidente relacionado con su bombona. De este porcentaje, el 6% aseguró haber suido una explosión.

En la prestación de este servicio también hallaron cinco puntos de dolor, entre los que destacan: Inconsistencia en el esquema de reemplazo de bombonas, parque de bombonas obsoleto y la baja frecuencia de rotación de cilindros.

Cedice Libertad recomienda al Estado desarrollar una política de alianzas público- privadas, así como las consultas nacionales orientadas a indagar sobre priorizar cual debe ser el uso de los presupuestos nacionales para solventar las carencias en materia de servicios públicos. Además, planear la reculturización vial, de transporte público, de concientización para hacer uso racional del agua, entre otros aspectos.

*Con información de prensa Cedice Libertad

Petro desmiente que vaya exigir pasaporte vigente a venezolanos

El presidente colombiano, Gustavo Petro, desmintió que su gobierno vaya exigir pasaporte vigente a los ciudadanos venezolanos. 

A través de la cuenta en X, el medio colombiano Noticias Caracol publicó un post en el que informaba sobre un nuevo decreto, que por ahora estaba en borrador y que no había sido confirmado, en el que se establecía que los migrantes venezolanos requerirán de un pasaporte para entrar, transitar y permanecer en Colombia. 

En respuesta a la publicación, Petro expresó: «Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos». 

El documento que presentó Noticias Caracol especificaba que todo venezolano que ingrese a territorio colombiano «deberá presentarse ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje e identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible;  y que deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria».

Un paso atrás en la protección de migrantes

Distintas ONG y medios colombianos alertaron sobre la derogación de la resolución 2231 del 9 de junio de 2021, la cual amplía la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos por dos años para que puedan entrar a Colombia.

La Fundación Juntos se Puede, indicó que de ser cierta la información, el retroceso en la garantía de los derechos humanos para los migrantes sería «alarmante».

En el comunicado, la fundación destaca que la eventual derogación del decreto por parte del gobierno de Petro iría en contra de las últimas resoluciones de la ONU, que reiteran que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela es la principal causa detrás de la expulsión de millones de venezolanos de su país. 

«Retroceder en los derechos para la población migrante es abrir paso a coyotes y mafias que trabajan en alianza con el ELN en la frontera», puntualizaron. 

Con información de ET

Personas con autismo aportan valor y creatividad en entornos laborales

El pasado 17 de abril tuvo lugar un Taller para Periodistas sobre Empleo Inclusivo, que organizó Arcos Dorados como parte de su compromiso para fomentar la inclusión y la diversidad. La actividad reunió a distintos expertos que exploraron las diversas facetas de la inclusión laboral, en particular en lo que respecta a las personas con autismo. 

En el taller se abordaron temas como los factores que obstaculizan la inclusión, autismo, discapacidad, diversidad, empleo inclusivo, perfil del empleado y oportunidades en el campo laboral.

María Isabel Díaz, economista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, comentó sobre el impacto significativo que puede tener en la economía la inclusión laboral de las personas dentro del espectro del autismo. 

En su presentación, expuso que muchas personas con trastorno del espectro autista  (personas con TEA) poseen habilidades «únicas», como «un enfoque detallado en tareas específicas o una capacidad excepcional para el pensamiento lógico, que pueden aportar valor a la fuerza laboral».  Otras habilidades destacadas son un eficiente manejo de las tecnologías de información, para la programación y el análisis de datos y resolución de problemas tecnológicos. 

Agregó que al promover la inclusión y diversidad en los lugares de trabajo se puede fomentar la innovación y la creatividad, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico. No en vano, en países como Estados Unidos empresas tecnológicas como Microsoft, SAP e IBM han implementado programas de contratación específicos para personas con TEA. 

«Es fundamental identificar las fortalezas de cada individuo y buscar oportunidades laborales que se ajusten a sus habilidades y necesidades. Además, es crucial promover entornos laborales inclusivos y adaptados a las necesidades de personas con autismo para garantizar su éxito y bienestar en el trabajo», abundó Díaz. 

 

Las etiquetas que obstaculizan la inclusión

Isabel Dubuc, psicóloga, también formó parte del panel de expositoras pero no solo como especialista, sino como madre de una hija y un hijo con autismo. Desde su experiencia de años viviendo muy de cerca los desafíos que supone cuidar y orientar a dos personas con esta condición,  enfocó su presentación en cómo derribar las etiquetas que obstaculizan la inclusión y que comienzan con la forma en la que se estigmatiza a las personas con TEA o la manera en la que la sociedad se refiere a ellos. 

«Funcionamos con prejuicios, creencias y actitudes para hacer economía mental, las etiquetas no son malas por sí mismas, solo que necesitamos actualizarlas en algunos casos, por ejemplo cuando nos referimos a una condición como el autismo»,  detalló. 

Y es que algunas personas señalan a las personas con TEA como «maniáticos» por mostrar comportamientos repetitivos o por apegarse mucho a la rutina; o se asustan porque «de repente explotan» y adoptan conductas como gritar, taparse los oídos o refugiarse en lugares inusuales, cuando estas últimas conductas son respuestas a compromisos sensoriales que los hacen percibir ciertos estímulos como muy intensos y, en otros casos, a no percibirlos. 

La psicóloga también recomendó evitar expresiones que se utilizan en la cotidianidad, como  «tal funcionario o tal persona actúa de manera autista», pues las características del TEA son inherentes a su condición y no conductas deliberadas. Precisó también que usar términos como «enfermedad, padecer y sufrir» asociados al autismo es inadecuado, ya que se trata de una condición que diferencia a una persona, y no de un «mal» que se padece. 

«Las personas con autismo nacieron en otra autopista y con otras señales de tránsito, no es que ‘viven en su propio mundo’, como señalan algunos, sino que tienen dificultades para integrarse socialmente y se comunican de diversas maneras. Tampoco ‘carecen de sentimientos y empatía’, sino que tienen dificultades para expresar sus sentimientos y se bloquean ante el impacto de los sentimientos de los demás», puntualizó. 

Antes de referirse al punto de la inclusión laboral explicó una diferencia importante en el cambio del concepto sobre lo que es el espectro autista: décadas atrás la aproximación era «lineal» o por «grados», es decir, se hablaba de autismo «leve», asperger o autismo severo. Pero el espectro se concibe ahora como un círculo cromático, donde cada color marca una diferencia particular. Desde esta concepción, cada persona con autismo «tiene necesidades de apoyo y cuidado que deben ser satisfechas y derechos que deben cumplirse».

«Por ello, hay que anunciar a cada organización de las características específicas del trabajador, porque todos dentro del espectro son muy distintos entre sí«, argumentó.

Siete elementos en pro de la inclusión

Caroline Ruiz, directora de la Asociación Civil Buena Voluntad,  explicó en el taller las actividades y alcances de institución de asistencia y beneficio social que funciona desde 1964 y que atiende a personas con discapacidad intelectual, musculo esquelética, psicosocial, sensorial leve y moderada. 

El objetivo de la asociación es capacitarlos para posibilitar una inclusión socio laboral a corto plazo, gracias a una alianza con una serie de empresas.  Buena Voluntad aplica una evaluación antes de la capacitación, realiza charlas de sensibilización y acompaña al aspirante en el proceso de la contratación, así como también hace un seguimiento y supervisión del desempeño del beneficiario para garantizar, entre otras cosas, que los horarios se ajusten a sus capacidades y que a se respetan las condiciones de contratación, como por ejemplo, que perciban el mismo ingreso que percibiría una persona neurotípica en el mismo puesto. 

Ruiz también compartió siete elementos que son indispensables para facilitar la inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad, tanto en el ámbito laboral como social: aceptación y no discriminación, entender que estos ciudadanos tienen derechos y también deberes, tratarlos como nos gustaría ser tratados, brindarles igualdad de oportunidades, prestarles ayuda solo cuando la soliciten, respetar sus ritmos de ejecución y evitar prejuicios, estereotipos y sobrenombres. 

Inclusión que transforma realidades

En el marco del desarrollo del taller fue posible conocer testimonios de tres personas con discapacidad intelectual que gracias a la inclusión laboral han podido poner en práctica sus conocimientos y habilidades y mejorar su calidad de vida. 

Uno de los casos fue el de Jesús Mazzilli, quien tiene 44 años de edad y lleva casi la mitad de su vida (21 años) trabajando en McDonald’s,  empresa donde su discapacidad intelectual no fue impedimento para recibir la oportunidad de su primer empleo. Su trabajo le ha brindado muchas satisfacciones y le ha permitido asistir a eventos deportivos internacionales como juegos olímpicos y mundiales de fútbol, así como ser invitado especial al estadio de su equipo favorito de béisbol, los Leones del Caracas.

Mientras que Ángela Marrero, de 23 años, también habló de su experiencia en la misma cadena de comida rápida en la que ingresó hace un año  gracias a la formación recibida en la ONG Buena Voluntad y a la oportunidad que le brindó Arcos Dorados.  Actualmente, es empleada del restaurante de La Trinidad y ha sido reconocida como la trabajadora del mes por su destacada labor, que también ha abierto las puertas a la próxima contratación de otro joven formado por la ONG Buena Voluntad. 

 

Antonella es otra joven que recibió formación de la  ONG en las áreas de computación, informática y capacitación social, lo que potenció sus habilidades y la ayudó a conseguir un empleo en el área de administración desde hace un año. En una elocuente exposición, contó cómo es su rutina, cómo se adaptó al trabajó con sus compañeros, todo lo que ha aprendido en su área laboral y reveló sus aspiraciones de trabajar en una compañía trasnacional, para lo cual ya dio el primer paso: aprender inglés por sus propios medios.

 

 

 
 
 
 
 
Ver esta publicación en Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por A.C. Buena Voluntad (@buenavoluntadve)

Ministra argentina de seguridad comparó al Tren de Aragua con Hezbollah

La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, comparó este jueves a la banda criminal internacional Tren de Aragua, de origen venezolano y expandida a lo largo y ancho del continente, con la organización terrorista Hezbolla. 

En la aseveración, la ministra Bullrich señala que ambas organizaciones delictivas “trabajan con un Estado que las protege”, 

«El Tren de Aragua golpea con un procedimiento, con una matriz de funcionamiento, con una lógica que siempre hace exactamente lo mismo. Se instala en un determinado lugar. Viene con un grupo en general de nacionalidad venezolana. Se instalan, compran edificios enteros, como pasó en Perú. En esos edificios viven todos. Para que no se conozca, no se sepa qué conversación puedan tener. Desde ahí planifican con tiempo, sin apuro, los golpes que van a hacer. Pero no son golpes al azar», señaló la ministra en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, en Santiago.

Durante el encuentro, Bullrich se refirió además a dos casos que han sido muy mediáticos en Chile: el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y el asesinato del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez.

Respecto a este último, la jefa de Seguridad del gobierno de Javier Milei cuestionó cómo el principal sospechoso del homicidio Dayonis Orozco pudo atravesar cinco países teniendo alerta roja de Interpol, para terminar capturado por la Policía colombiana.

“Atrás de eso hay una organización con lógica que le brinda pasaporte, identidades falsas, fraudes, pasaportes robados, para a partir de ahí poder escaparse y llegar, seguramente nuevamente, a Venezuela. En consecuencia, es importante analizar si es una organización que es autónoma del Estado o no es autónoma del Estado. Yo tiendo a pensar que no es autónoma del Estado”, expresó.

*Con información de Efe y La Tercera